Gobernador de Texas firma ley antisantuario

Esta ley permite a la policía local preguntar sobre el estatus migratorio de las personas

Por: Agencias Estados Unidos.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó este domingo una ley contra ciudades santuario que permite a la policía preguntar sobre el estatus migratorio de una persona y amenaza a los sheriffs con la cárcel si no cooperan con las autoridades federales. "Los texanos esperan que mantengamos a la gente segura y eso es exactamente lo que vamos a hacer al firmar esta ley", dijo Abbott antes de concretar la iniciativa durante una transmisión de Facebook Live el domingo por la noche. Mediante la transmisión desde el Capitolio de Texas, Abbott rubricó esta legislación que además busca penalizar a los gobiernos locales y a las universidades que decidan no cooperar con las autoridades migratorias federales en la identificación de los inmigrantes indocumentados para favorecerles y protegerles de la deportación. La propuesta podría acarrear penas de cárcel para los sheriffs texanos que estén al cargo de las oficinas que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), era una de las prioridades en la presente sesión legislativa estatal de Abbott. En la ley conocida como SB4, la iniciativa destinada a prohibir las denominadas "ciudades santuario", el gobernador firmó también una enmienda aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes que permitirá a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas en Texas.

Tonight I signed the law that bans sanctuary cities in Texas. Stiff penalties for violators. #txlege #tcot pic.twitter.com/MeVSCpg2oR

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 8 de mayo de 2017

El proyecto de ley eliminó un obstáculo final esta semana en la Legislatura, controlada por los republicanos, sobre las objeciones de los demócratas y los partidarios de los derechos de los inmigrantes. Esta ley es entendida como una medida que se usará para discriminar a los latinos. Todos los jefes de policía de Texas se opusieron al proyecto de ley, pese a que los republicanos dicen que es necesario para garantizar que las cárceles locales cumplan con las solicitudes de los funcionarios federales de mantener a los delincuentes peligrosos tras las rejas. En los últimos años, otros estados donde los republicanos son mayoría presentaron políticas similares, pero Texas será el primero donde los jefes policiales podrán ir a la cárcel por no colaborar en el cumplimiento de la ley sobre migratoria, según The Associated Press. El alcalde de Austin, Steve Adler, que mostró su apoyo a la comunidad inmigrante en el pasado, subrayó tras reunirse con el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, que ni la ciudad de Austin ni el condado Travis son consideradas jurisdicciones santuario por la administración del presidente Trump.

Ultimátum de Trump

El gobierno de Donald Trump envió el pasado 21 de abril cartas a nueve jurisdicciones del país que están evitando compartir información sobre la identidad de inmigrantes indocumentados que detienen. Las misivas, consideradas un ultimátum, amenazan a ciudades, condados y estados santuarios con retener fondos federales si no ponen fin a esa política antes de finalizar el mes de junio. Las jurisdicciones ya habían sido identificadas en mayo de 2016 en un reporte del inspector general del Departamento de Justicia por tener reglas locales o regulaciones que interfieren con la habilidad de policías o alguaciles de comunicarse con autoridades federales migratorias sobre el estatus de los presos que mantiene en custodia, una práctica que dificulta su ubicación para poder ser procesados y deportados. Las ciudades o juridiscciones afectadas son el estado de California, la ciudad de Chicago y el condado de Cook, Nueva Orleans, Nueva York, Filadelfia, Las Vegas, el condado de Miami-Dade y Milwaukee. En el caso de Miami-Dade, pese a que también recibió la advertencia del gobierno federal, el alcalde Carlos Giménez, eliminó en enero pasado una política por la que había sido incluido en la lista del Departamento de Justicia de territorios que “limitan o restringen la cooperación con ICE”.